El pasado abril, las capitales europeas se vieron sacudidas por espasmos de indignación ante la propuesta de Jean Claude Juncker para hallar una “clave de distribución” de 5.000 solicitantes de asilo llegados a las costas mediterráneas. En junio, la cifra había aumentado hasta los 40.000, lo que convenció a los Estados miembros de la necesidad de un acuerdo que facilitara la redistribución de forma voluntaria. Ahora rondamos los 160.000. Y en vísperas del encuentro de ministros, a causa de la presión de Berlín, Roma, París y del Ejecutivo europeo la mecánica de reparto de las cuotas ha perdido todo rasgo de voluntariedad y excepcionalidad para asumir los de obligatoriedad y permanencia. Aunque solo sea para equilibrar una estadística que, como ha recordado el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, hoy cinco países —Alemania, Francia, Italia, Suecia y Reino Unido— soportan el peso del 75% de las solicitudes de asilo. Alemania, de forma unilateral se prepara para recibir a 800.000 solicitantes de asilo este año.

En la geografía de nuestra dividida Unión, destaca el llamado Grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), reacios a las cuotas obligatorias. Y si bien es cierto que Berlín ha acabado por alinear a su alrededor a Italia y al bloque de países escandinavos y por convencer a París de que tome en consideración el mecanismo de las cuotas. Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca están exentos de aplicar las políticas de Interior y Justicia de la UE.

Italia está dispuesta a dar su consentimiento a los puntos calientes (de los cinco previstos en Pozzallo, Agusta, Lampedusa, Trapani y Taranto, tres podrían entrar en funcionamiento a finales de septiembre) con la presencia de funcionarios de Frontex y de Easo (Oficina Europea de Apoyo al Asilo), pero con dos condiciones. En primer lugar, que antes se ponga en marcha el plan obligatorio de la redistribución con cuotas superiores a los 32.000 traslados. En segundo lugar, que previamente hayan arrancado los trámites para la revisión de la Convención y la Regulación de Dublín, que define qué país es responsable de tramitar las solicitudes de asilo.