Vista satelital de Valencia.
«Se ha acabado comprar pisos para hacer negocio. Se ha acabado hacer negocio con viviendas que deben cumplir un uso residencial y no lucrativo». Así de tajante se ha mostrado Sandra Gómez, concejala de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Valencia, al anunciar hoy el proyecto normativo destinado a limitar los apartamentos turísticos a plantas bajas y primeros pisos, en aras de que el consistorio valenciano «recupere el control» sobre este tipo de alojamientos.
La letra de la iniciativa, cuya forma jurídica será una enmienda a la Ley de Turismo de la Comunidad Valenciana, establece que «tan solo se podrán inscribir en el Registro de Viviendas Turísticas de la Generalitat los inmuebles que cuenten con la previa obtención del informe urbanístico de compatibilidad que permita dicho uso que establezca cada ayuntamiento». Por consiguiente, el consistorio tendrá que dar su consentimiento, cosa que sólo se producirá si, de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el inmueble en cuestión está ubicado en la planta baja o en el primer piso de su edificio.
La voluntad normativa de ‘poner coto’ al uso descontrolado de pisos para arrendamiento turístico tiene un precedente en el municipio de Palma de Mallorca, que a fines de marzo prohibió a los propietarios de apartamentos alquilar su vivienda a turistas. La medida, que entrará en vigor el próximo mes de julio -temporada alta en la isla- tiene como motivación «proteger» al residente y, así, «priorizar el acceso a la vivienda» y «garantizar el derecho constitucional» sobre el mercado de alojamientos para turistas.
En cuanto al posible carácter retroactivo de la medida, Gómez adelantó que el ayuntamiento enviará un informe a la abogacía para que emita un dictamen sobre la conveniencia de aplicar este principio, ya que podrían verse vulnerados otros fundamentos legales, como la seguridad jurídica. No en vano, en la actualidad sólo entre el 30 y 35% de los apartamentos turísticos que hay en Valencia entrarían cumplirían las disposiciones de la enmienda.
La concejala ha declarado que la capital del Turia necesita «un modelo de destino sostenible, que genere alojamientos de calidad, que estén dentro de la regulación que establezca la norma local y que garantice la convivencia con los residentes». En este sentido, ha citado los problemas provocados por el auge de los arrendamientos a turistas: el incremento del precio de la vivienda y de los alquileres y, «en algunos casos» la competencia desleal a los hoteles. Este tipo de alojamientos, por consiguiente, «afectan a la ciudad, no sólo al modelo turístico», ha subrayado.
La urbe del mediterráneo cuenta actualmente con 4.714 viviendas registradas y 18.000 plazas. Sin embargo, según los datos facilitados por la concejala, los hoteles son quienes llevan el «gran peso» del negocio de los alojamientos en la ciudad, con más de 3.900.000 pernoctaciones; mientras que los pisos tienen «poco más» de dos millones, lo que supone una «diferencia importantísima».
