Lidia Florencio, mamá de Diana. La joven fue violada y asfixiada, en 2017, por una persona a la que las autoridades aún no identifican.
Laura Velázquez no olvida la vez que tuvo que caminar entre los muertos para encontrar a su hermana. Hace un año y medio visitó el Servicio Médico Forense de Nezahualcóyotl sin ninguna expectativa, pero cuando le entregaron el cuerpo de Diana su vida no volvió a ser la misma; la joven había sido víctima de feminicidio cuatro días antes en Chimalhuacán, Estado de México, y nadie le notificó a sus familiares.
“Llegamos al Semefo para ver si ahí tenían a alguien con las características de mi hermana que había desaparecido. Cuando entré vi cuerpos tirados en el suelo por todas partes, sin refrigeración ni bolsas. Recuerdo que cuando me enseñaron a Diana yo ya no le encontré parecido, pero reconocí una de sus trenzas y supe que era ella”, explica Laura.
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Diana salió de su casa el 2 de julio del 2017. Después de varias horas en las que no volvió, la preocupación entre sus familiares era inevitable. En ese momento todos desconocían que la estudiante había sido violada y asfixiada por uno, dos, tres o quizá cuatro hombres, pero eso aún no se sabe porque las autoridades mexiquenses no tienen pistas de quién pudo ser el responsable.
Laura asegura que “hasta el día de hoy los pocos indicios que hay en la carpeta de investigación están porque nosotros los hemos encontrado. Nunca hicieron una cadena de custodia para sacar pruebas de su ropa, simplemente la echaron al Semefo junto con su cuerpo”.
A casi dos años de lo sucedido, el responsable de la muerte de Diana sigue libre.
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Pero este no es un caso aislado: información obtenida a través de transparencia indica que en total hay 244 órdenes de aprehensión contra presuntos feminicidas que aún no han sido ejecutadas, a pesar de que algunas se giraron desde hace más de cinco años.
El estado de Jalisco es donde más se ha presentado esta situación; en total se han dado a la fuga 42 personas señaladas por matar a una mujer de manera violenta. Sobre este tema, las autoridades judiciales tapatías informan que ha sido imposible realizar las detenciones “por carecer de datos para la localización y captura de los imputados”.
A esa entidad le siguen Guanajuato con 41 casos; Sinaloa, con 29; la Ciudad de México, con 23; Tabasco, con 21; Hidalgo, con 21; Morelos, con 16; Puebla, con 14; Veracruz, con 9; Tamaulipas, con 8; Coahuila, con 7; Baja California, con 6; Durango, con 4, y Quintana Roo con 3.
Para este reportaje se enviaron solicitudes de información a los poderes judiciales estatales, pero sólo 17 entregaron el número de órdenes de aprehensión no cumplimentadas por feminicidio. Entre las demarcaciones que no facilitaron las cifras se encuentra el Estado de México, una de las zonas con más incidencias desde el 2011.
La cantidad de presuntos feminicidas en libertad podría ser mayor no sólo porque la mitad de los estados no otorgaron información, sino por casos como los de Diana donde no se ha emitido una orden de aprehensión debido a que las autoridades desconocen la identidad del agresor.
“No hay ningún detenido. Las autoridades de la Fiscalía de Feminicidios nos dicen que sí van a trabajar, pero sólo son palabras. No nos han negado la justicia, entre comillas, pero si nosotros vemos que no hay un avance ni ninguna línea de investigación nos damos cuenta de que solamente nos están tomando el pelo”, dice Lidia Florencio, madre la víctima.
Cortesía de Medios nacionales//
