CHILPANCINGO, Gro. El pasado 25 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo dos anuncios, la desaparición de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y la cancelación del Consejo del Fomento al Turismo, que cimbraron al gobierno de Héctor Astudillo Flores.
Ambos repercuten directamente en los planes y proyectos impulsados por el mandatario priista en beneficio de la industria minera y portuaria en zonas controladas por el narcotráfico, donde la sociedad padece la extrema inseguridad y violencia, el desplazamiento masivo de personas y el colapso de la economía local.
El argumento de López Obrador para suprimir las ZEE fue que esos entornos, presuntamente creados para ayudar a las comunidades, nunca cumplieron esa función y sólo sirvieron para acumular terrenos y derrochar recursos.
Con respecto al Consejo del Fomento al Turismo, según el presidente, “era un barril sin fondo; no se fomentaba el turismo y se utilizaba el dinero para comprar lealtades, voluntades, así como para pagar publicidad en periódicos. Algunos están inconformes, pero ya no hay derroche”.
El 29 de abril Astudillo respondió. Dijo que “espera alternativas para suplir la posibilidad de generar inversión y empleo” en la región de la Costa Grande, donde, indicó, en 2017 se habló de una inversión millonaria por parte de las ZEE para la ampliación del puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, al municipio guerrerense de La Unión.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad, Álvaro Burgos Barrera, reprochó también la decisión presidencial y argumentó que tres empresas extranjeras habían comprometido una inversión de 2 mil millones de dólares en la ampliación del proyecto portuario.
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