FELIPE ARIZMENDI.
OBISPO DE SAN CRISTÓBAL.
En la búsqueda de soluciones al conflicto magisterial de algunos Estados del país, se han programado foros tanto por parte de la SEP y del SNTE, para hacer aportes al nuevo modelo educativo que se intenta, como por parte de la Secretaría de Gobernación y de la CNTE, para discutir la llamada reforma educativa. Es lamentable, sin embargo, que el Congreso Federal no tome parte más activa en la construcción de consensos legislativos, que ayuden a mejor la calidad educativa. Los senadores y diputados federales aprobaron las leyes con las que algunos maestros no están conformes, y son ellos de quienes depende que se pueda abrogar o, al menos, modificar esa ley. El gobierno federal tiene su incumbencia política en estos asuntos, pero la solución compete a los legisladores.
Los obispos de Chiapas enviamos nuestra palabra sobre el conflicto magisterial tanto al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación, que nos dieron muestras de haber recibido nuestras propuestas y analizarlas, como a los líderes parlamentarios de los partidos políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Nadie de éstos se ha dignado acusar siquiera constancia de haber recibido nuestra palabra. Siguen en receso…
Esta es la hora de hacer aportes, tanto en los foros que promueven la SEP y el SNTE, como en los de la Secretaría de Gobernación y la CNTE. Las marchas y los bloqueos sólo sirven para demostrar la fuerza que se tiene y que se está en pie de lucha, pero nada aportan para un cambio legislativo. Esto cansa no sólo a los mismos maestros y a sus familias, sino a toda la sociedad. No son sólo los empresarios quienes se sienten afectados y protestan, sino el pueblo en general, los pequeños comerciantes, los artesanos, los turistas, los que tienen una cita con el médico o en un juzgado. Por no poder llegar a tiempo a un juicio penal, se refunde en la cárcel a alguien que puede ser inocente. Los pobres no están organizados, y por ello no se escucha su silenciosa inconformidad con los bloqueos. Hasta nuestros catequistas no pueden cumplir con sus servicios, por los bloqueos carreteros.
Es hora de aportar propuestas para que se den los cambios legislativos que sean necesarios. Si la autoridad dice que no se puede abrogar la reforma educativa, sí se pueden hacer propuestas concretas sobre determinados artículos que se consideren injustos, y ofrecer una nueva redacción, con las razones para exigir los cambios. Si la reforma en cuanto tal no se puede abrogar, sí se puede mejorar, pues ninguna ley humana es perfecta; siempre se puede perfeccionar, cuando hay razones justas para ello.
Mientras se hace este trabajo de presentar y defender propuestas de cambios legislativos, que siempre será lento y progresivo, hay que prepararse para iniciar, en tiempo y forma, el nuevo ciclo escolar, el lunes 22 de agosto. Este es un derecho de los niños, que no se puede lesionar. Si no se iniciara, los padres de familia tienen el derecho y la obligación de tomar las medidas necesarias, organizándose para que la educación de sus hijos no sufra detrimento. Son los padres de familia los primeros que tienen este derecho en favor de sus hijos, pues ni el Estado ni el Magisterio están por encima de los padres de familia. Estos son los primeros responsables de la educación de sus hijos; los demás, son sus servidores. En la vida y en la educación, hay derechos y obligaciones para todos.
