Exclusión, desigualdad, pobreza, impunidad y corrupción institucional hacen de Chiapas uno de los estados más peligrosos para las niñas y adolescentes

Comunicado de Melel Xojobal.

Chiapas es el primer lugar en embarazos en niñas y adolescentes y uno de los estados con mayor tasa de matrimonios infantiles. Además es la entidad con el mayor índice de niñas y adolescentes que no asisten a la escuela.

De 2011 a la fecha, 41 niñas y adolescentes han sido víctimas de feminicidio en Chiapas.
De los casi 7 mil casos de personas menores de 18 años desaparecidas en todo el país, 7 de cada 10 son mujeres adolescentes.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 8 de marzo de 2017.- Las niñas, adolescentes y mujeres que integramos Melel Xojobal AC, nos sumamos a la demanda de millones de mujeres que el día de hoy marcharán en todo el mundo para exigir el respeto a los derechos de las mujeres y un alto a la violencia en contra de niñas y adolescentes por su condición de género.

Debido a factores estructurales que generan exclusión, desigualdad y pobreza, Chiapas es uno de los estados más peligrosos para ser niña. Aunado a ello, la impunidad y corrupción institucional permite que incrementen las víctimas de feminicidio, de trata, tráfico y explotación sexual, además de desapariciones forzadas, las cuales están relacionadas con grupos criminales vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial.

Pese a la gravedad y la frecuencia de los casos de feminicidio en la entidad, fue hasta el 18 de noviembre del 2016, que el gobierno Federal aprobó de forma incompleta y limitada la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado de Chiapas, en solo 7 de 123 municipios de Chiapas. Como integrante de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas denunciamos que esta resolución es incompleta, discriminatoria e insuficiente, que no da cumplimiento cabal y por lo tanto las autoridades incurren en desacato al mandato federal del amparo.

Por otra parte, desde el 2014, documentamos y denunciamos públicamente varios casos de violencia sexual por parte de profesores en contra de más de 30 niñas y mujeres adolescentes, en escuelas primarias y secundarias públicas, sin que las autoridades educativas ni de los tres niveles de gobierno, dieran una respuesta contundente para prevenir y sancionar esta grave situación, con el agravante de la falta de capacitación de las y los docentes de todos los niveles que no cuentan con información, herramientas, ni condiciones del propio sistema educativo para prevenir, atender y denunciar situaciones de violencia en la escuela.

Asimismo, la incidencia del castigo corporal y emocional continúa siendo normalizada y no se denuncia. Esta forma de violencia, como cualquier otra, es denigrante y puede tener serias repercusiones en el desarrollo psicosocial de niñas y adolescentes, así como en el goce y ejercicio de su derecho a la integridad física y la dignidad humana. A pesar de ello la legislación no prohíbe explícitamente ni sanciona el castigo corporal y emocional en todos los ámbitos donde se desarrollan, particularmente en las escuelas, en los espacios de cuidados alternativos y de cuidados diarios como guarderías y centros de desarrollo infantil.

Sumado a lo anterior, los embarazos no deseados, la falta de recursos económicos para continuar con sus estudios y la ausencia de apoyo familiar para llevar adelante sus proyectos de vida resultan factores decisivos que impiden el ejercicio de sus Derechos. Muchas veces no son consideradas en la toma de decisiones, ni tienen condiciones para decidir sobre sus proyectos de vida sino que están supeditadas a prácticas patriarcales, tanto en entornos rurales como urbanos.

En ese sentido, resulta indispensable una revisión y análisis exhaustivo de la legislación estatal relacionada con la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chiapas (LDNNACH) para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos, como son las relacionadas con el matrimonio infantil y con el castigo físico, para impulsar una agenda legislativa encaminada a reformar, derogar o abrogar dichas disposiciones. La adecuada implementación de la LDNNACH y la operación del Sistema de Protección Integral de las Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA) en todos sus niveles debe garantizar condiciones para la supervivencia y desarrollo de todas las niñas y adolescentes.

Hoy las niñas, adolescentes, y mujeres que formamos parte de Melel Xojobal, refrendamos nuestro compromiso en la defensa, ejercicio y restitución de los derechos de todas las niñas y adolescente y exigimos categóricamente un alto a todas las formas de discriminación y violencia en su contra. Considerando que la protección de niñas y adolescentes contra toda forma de violencia es un derecho fundamental garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados y normas internacionales de derechos humanos, denunciamos:

La explotación del capital y la precarización de las condiciones laborales de las mujeres, la brecha salarial en relación a los salarios de los hombres y la desigual distribución de las tareas domésticas.
La desigualdad en oportunidades para la inserción y permanencia escolar.
Los usos y costumbres que violan los derechos de niñas y adolescentes a decidir cómo, cuándo y con quién compartir su proyecto de vida.
La ausencia de protocolos para atender la violencia, prevenirla y garantizar espacios escolares seguros para la infancia y la adolescencia.
La impunidad y complicidad con la que obran las autoridades tanto educativas como de procuración de justicia que lejos de proteger y garantizar el interés superior de las niñas y adolescentes, defienden y encubren a los maestros agresores, poniendo en riesgo su integridad física y psicológica no sólo de las agredidas sino de otras niñas y adolescentes de la comunidad.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles para que asuman su responsabilidad para:

Castigar a los responsables de los feminicidios y de la violencia feminicida.
Garantizar los derechos a la verdad, la justica y la reparación del daño de las víctimas.
Sancionar a funcionarios y servidores públicos que por su incompetencia o negligencia han generado impunidad hacia feminicidas y agresores de mujeres.
Atender las causas estructurales de la violencia feminicida, y no se utilice la Declaratoria de AVG como un instrumento político con fines electorales.
Implementar el Sistema de Protección de los Derechos de la Infancia a efecto de prevenir y atender la violencia contra niñas, niños ya adolescentes en cualquiera de sus formas y a garantizar medidas para la no repetición.
Prohibir explícitamente el castigo corporal en la legislación vigente, teniendo en cuenta la Observación General Nº 8 (2007) sobre el derecho del niño a la protección contra los “castigos corporales y otras formas de castigo cruel o degradante”, en todos los ámbitos donde se desarrollan niñas, niños y adolescentes (familia, escuela, comunidad, instituciones de cuidado diario, de cuidados alternativos, de impartición de justicia y que proporcionan servicios)
Diseñar e implementar campañas de sensibilización sobre el impacto del castigo corporal como medida disciplinaria, así como de promoción de relaciones entre pares que se basen en la interacción y resolución no violenta, el respeto y los principios de desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Investigar de manera pronta y efectiva los casos de maltrato infantil que por sus características puedan calificar como delitos de tortura, cometidos por autoridades escolares y/o personal docente.
Se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales sobre agresiones en contra de niñas y adolescentes en los entornos escolares y se establezcan medidas prontas y expeditas en contra de las personas responsables.
Adoptar las medidas necesarias para prevenir, atender y eliminar cualquier tipo de violencia contra las niñas, niños y adolescentes en las escuelas y garanticen el Interés Superior Niño y de la niña y sus derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 19; el artículo 1 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará).