Mayo 2019/ Decenas de organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación ante “el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región”.
En los últimos hechos violentos se refirieron al asesinato, 3 días antes del síndico municipal de Aldama, Ignacio Pérez Girón, y recordaron que desde febrero de 2018, “la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas”.
Afirmaron que ante lo ocurrido en los últimos años, “el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral”.
Por lo anterior, llamaron al Estado mexicano a cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las comunidades tostsiles de Aldama; implementar medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida e integridad personal de la población en las comunidades tsotsiles, que se ubican en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó; así como a investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos en la región entre otras recomendaciones.
Cabe mencionar que en el caso del asesinato de Pérez Girón, la Fiscalía General del Estado informó el mismo 9 de mayo que inició una carpeta de investigación por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio en agravio del síndico y que cuatro personas fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional en el caso.
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