Por Salvador García Soto
Como si se tratara de una relación de codependencia, donde una parte es victimario y la otra víctima, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en tiempos de la 4T, empieza a volverse cada vez más extraña y enfermiza. Primero porque al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, le ha dado por acudir sumisamente a los llamados del Presidente y este miércoles —por segunda ocasión en menos de dos semanas— se le vio en Palacio Nacional justo cuando están por discutirse temas de mayor trascendencia como las cuestionadas leyes eléctrica, de telecomunicaciones y de hidrocarburos; y segundo porque, sin importar la prestancia y sumisión con la que el titular de la Corte acude a las invitaciones a la casa del Presidente, ahí mismo un colaborador directo del Ejecutivo, como el secretario de Marina, Rafael Ojeda, se lanza con todo contra los juzgadores, magistrados y ministros y declara que “parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”.
¿De qué sirve entonces que, un día sí y otro también el ministro presidente de la Suprema Corte, le reafirme al Presidente una cortesía que muchos interpretan como “lealtad”, si de cualquier modo desde la Presidencia y el gabinete van a seguir cuestionando, descalificando y poniendo en duda el trabajo y la honorabilidad de todos los jueces, magistrados y ministros con afirmaciones que generalizan y ofenden a los profesionales de la impartición de justicia? Porque además, el miércoles que el ministro Zaldívar acudió supuestamente a “un desayuno” con el Presidente no fue solo y lo acompañaron otros dos ministros de la Corte, Jazmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara, que también estuvieron dialogando en privado con López Obrador “sobre la reforma energética” que muy pronto tendrán que votar esos mismos ministros.
Esa reunión privada y secreta entre el Presidente y tres ministros de la Corte, de la que no se informó oficialmente hasta que ayer le preguntaron a López Obrador y confirmó el encuentro, no fue ni siquiera una “reunión institucional” entre los dos Poderes de la Unión, porque si lo hubiera sido hubieran invitado a los 11 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte y no sólo a tres de sus integrantes que nadie sabe por qué exactamente los convocaron solo a ellos a desayunar en el despacho presidencial. “Si era en Palacio, entonces era una reunión institucional. Si era institucional, nosotros somos 11 ministros. Hasta hoy nos enteramos que había otros ministros invitados además del presidente Zaldívar, pero aun así no éramos los 11”, dijo a esta columna uno de los integrantes del pleno de la SCJN sin ocultar su sorpresa por el encuentro de “petit comité” entre el presidente López Obrador y los tres ministros mencionados.
Luego entonces la pregunta vuelve a ser la misma: ¿de qué les sirve a ciertos ministros apoyar denodadamente al Presidente y acudir sin pudor a su encuentro a Palacio cada vez que los llaman, si de cualquier modo desde la sede del Ejecutivo siempre están acusando de corrupción y deshonestidad a los jueces y a todo el Poder Judicial, sin hacer precisiones ni distinguir entre los juzgadores corruptos, que sin duda los hay, y los integrantes del sistema de impartición de justicia que están ahí por verdadera vocación y que realizan su trabajo con honestidad, profesionalismo y compromiso con la impartición de justicia?
Tal vez es que algunos ministros, seducidos por el carisma del Presidente y por querer creer que le deben el cargo al titular del Ejecutivo que los propuso, se olvidan de que ellos representan a otro poder del Estado mexicano que es autónomo e independiente, y que lejos de tener que actuar como súbditos o empleados del presidente López Obrador, tendrían que actuar como sus pares que son, porque según la Constitución ellos tienen exactamente el mismo nivel que tiene el Ejecutivo. El día que los miembros de la Corte dejen de supeditarse a los designios de la Presidencia de la República, como alguna vez lo hizo un ministro de nombre Arturo Zaldívar, que se le rebeló al presidente que lo propuso para el cargo, Felipe Calderón Hinojosa, tal vez empecemos a vivir la separación y el equilibrio de poderes en la que se basa nuestro sistema político. Lástima que al Zaldívar presidente, que hoy se amilana y se allana ante la silla presidencial, se le olvidó cómo actuaba el Zaldívar ministro que rechazaba que le dijeran cómo emitir sus fallos y resoluciones desde la Presidencia.
¿Acaso eres tú, Gerardo Esquivel?
La declaración ayer del presidente López Obrador, que públicamente emitió un veto en contra del actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, al adelantar, casi seis meses antes, que no piensa proponerlo para que se reelija en el cargo, no sólo sacudió a la Junta de Gobierno del banco central mexicano, sino que impactó también a los mercados internacionales, donde leyeron el comentario del mandatario mexicano como una señal de posible inestabilidad y movimientos abruptos en el organismo financiero que controla la política cambiaria, monetaria e inflacionaria de la economía nacional.
Si la renovación del gobernador del Banxico se tiene que definir hasta el mes de noviembre próximo, para sustituir al reconocido economista Díaz de León que termina su encargo a finales de este año, no había ninguna necesidad de que el Presidente adelantara vísperas ni que descartara, desde ahora y en vísperas de unas elecciones tan complicadas como violentas, la posibilidad de que don Alejandro se reelija en el cargo. Está claro que Andrés Manuel nunca confió del todo en el actual gobernador del banco central, a quien identifica no sólo como una herencia de su antecesor, Enrique Peña Nieto, sino también como un “economista de corte neoliberal” que no coincide ni comulga con los preceptos de política económica que enarbola y aplica la llamada 4T.
Y es que para López Obrador y para muchos de los grupos más duros y radicales de la 4T, el Banco de México es el “templo mayor” de los economistas neoliberales y la tentación de someter y controlar a ese organismo autónomo que define y controla la estabilidad financiera y económica del país es real y ha quedado confirmada en algunas iniciativas como la que le pidió el Presidente presentar a Ricardo Monreal, cuando un empresario dueño de un banco, le fue a vender la idea de que “los del Banxico no quieren comprar los dólares de los más pobres y desprecian el dinero de las remesas que traen en efectivo trabajadores migrantes y del sector turístico”. En aquel momento, cuando desde el Senado, Monreal intentó doblegar al Banco de México y a su Junta de Gobierno, para obligarlos a comprar los dólares en efectivo y excedentes del mercado cambiario, al Presidente lo convencieron de que “los integrantes de la Junta de Gobierno creen que se mandan solos y le hacen más caso a la Reserva Federal de los Estados Unidos que al gobierno mexicano”.
Por eso Andrés Manuel no quita el dedo del renglón en su idea de controlar el Banco de México y de tener a un gobernador afín a su proyecto político y económico, y no piensa desaprovechar la próxima renovación de ese cargo para tratar de promover a un economista más ideológico e identificado con su proyecto. La descripción que hizo ayer, desde Palacio Nacional, de a quién va a proponer para encabezar el Banxico, después de vetar públicamente a Díaz de León y su derecho a reelegirse, se interpretó como un dibujo del perfil de Gerardo Esquivel, actual integrante de la Junta de Gobierno, a quién el Presidente ve como “el economista, congruente y ligado a la economía moral”, y aunque no lo dijo, pero sí lo ha mencionado en otras ocasiones en reuniones de gabinete, quien ocupe la gubernatura del Banco de México tras la salida de Díaz de León, debe cumplir con un gran requisito, además de su congruencia ideológica con la 4T: que no sea un “itamita” en grado Videgaray.
Ayer mismo Gerardo Esquivel declaraba a los medios “a mí ni me vean”, para tratar de autodescartarse y decir que no es él de quién estaba hablando el Presidente. Pero dentro del gabinete económico anoche todos volteaban las miradas hacia el reconocido economista que ya fue investigador del FMI, consultor del Banco Mundial, de la OCDE y de la CEPAL, además de haber colaborado con el Programa de la ONU para el Desarrollo. Pero que sobre todo cumple con el principal requisito que parece importarle a López Obrador, es cercano a su proyecto y, sobre todo, como egresado de la UNAM con doctorado en Harvard, no es itamita.
NOTAS INDISCRETAS…
Luego de que se difundieran imágenes en video de la Casa de Gobierno de Tamaulipas, custodiada por tanquetas de tipo militar de los GOPE o grupos de Fuerzas Especiales de la policía tamaulipeca, que estarían vigilando el lugar donde, se presume, está apertrechado el gobernador Cabeza de Vaca, en la Secretaría de la Defensa Nacional no sólo tomaron esas imágenes como una especie de “desafío” desde Ciudad Victoria, sino que además, en la oficina del general secretario, Luis Crescencio Sandoval, alguien se acordó de que esos vehículos tipo “Rinoceronte” que tiene la policía de Tamaulipas solo pueden funcionar porque tienen un “permiso militar” de la Sedena para ser utilizados en labores de seguridad pública, porque se trata de camiones y equipos “de uso exclusivo del Ejército”. Es decir, que si a nivel federal, la Defensa cancela el permiso, los GOPE tamaulipecos —que además han sido señalados y acusados de varios casos de abusos policíacos, violación de derechos humanos y hasta asesinatos de migrantes como el ocurrido hace unos meses en Camargo— ya no podrían ser utilizados en el estado ni disparar una sola bala en defensa de nadie, menos del gobernador Cabeza de Vaca. Y anoche, fuentes militares aseguraban que ya hubo una solicitud en la Sedena para cancelar esos permisos otorgados al gobierno de Tamaulipas, con lo que, cualquier uso de esos vehículos militares apostados afuera de la Casa de Gobierno en Ciudad Victoria, sería ilegal y violatorio de la Ley del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Parece que van a empezar a desarmar al gobernador rebelde de Tamaulipas… Los dados mandan Serpiente Doble. Semana negra.
