Estimados compañeros y compañeras representantes de socios.
Es importante que estén bien informados que de nueva cuenta el periodista Edgar Rosales, el mismo que hace un año desde una radiodifusora alentó a un grupo de socios a ponerle candados a la sucursal de María Auxiliadora, hoy otra vez pretende generar encono y confusión, difundiendo como cierta una información completamente falsa.
Todo abogado con cédula profesional y que desempeñe su labor de manera profesional tiene el derecho a ser contratado y a cobrar por sus servicios en cualquier estado del país.
En el caso del Lic. Enoc Hernández Cruz, fue quien nos ayudó a recuperar la administración de la cooperativa que estaba en manos de un grupo de personas que solo de boca le tenían cariño a la Caja Popular pero sus intereses eran totalmente distintos y por eso fueron destituidos.
A su llegada a la Caja Popular el licenciado Enoc Hernández Cruz, ha integrado con pruebas y documentos, una denuncia penal por un presunto fraude por más de 54 millones de pesos en donde están involucrados más de 16 personas entre ex consejeros y en trabajadores administrativos de la Cooperativa, así como familiares muy cercanos de quienes organizaron una reunión el pasado fin de semana, cuyo video se difunde en redes sociales.
Además es importante informarles que los mismos que organizaron la reunión del sábado, entre ellos Abel Rolando Cancino Hernández, Gerardo Suárez Cruz, Javier Méndez Suasnavar, José Jiménez Gómez, Verónica Borrego Piñeiro y Eva Solano Santiz, votaron a favor de que se contratara los servicios profesionales del representante legal y ahora que varios de ellos están denunciados penalmente por malos manejos en la Cooperativa quieren que se le destituya para que la Caja Popular se desista de la denuncia penal y todo el fraude quede en la impunidad y eso no lo vamos a permitir porque no seremos cómplices ni tapadera de nadie.
Se va aplicar la ley “caiga quien caiga” porque ese fue nuestro compromiso en la asamblea general extraordinaria del pasado 30 de julio y vamos a cumplir con nuestro deber y nuestra obligación.
Reiteramos que los dineros de los socios está garantizado y que el representante legal no tiene acceso a cuentas bancarias, chequeras, traspasos, transferencias ni realiza pago alguno, su labor es meramente de carácter legal y eso los tiene muy nerviosos a quienes hoy pretenden que el abogado se retire para que ellos puedan recuperar sus privilegios y puedan seguir causando daños económicos a la cooperativa.
Si tienen pruebas que acudan al Ministerio Público y presenten sus denuncias, pero no podemos ni debemos permitir que chismes de vecindad afecten la buena marcha administrativa que hoy tiene la caja popular y así lo demuestran sus estados financieros.
Por ejemplo, el año pasado 2021, las utilidades de la Caja Popular fueron de 19 millones de pesos y en este año al cierre del 30 de noviembre, llevamos más de 40 millones de pesos de superhabit, si las cosas estuvieran mal no se tendría este nivel de productividad que solamente demuestra que en el pasado las finanzas fueron saqueadas con absoluta impunidad y eso es a lo que le lloran los que hoy están fuera de los consejos directivos por desleales y por violar leyes y reglamentos que rigen la vida interna de la Cooperativa.
Es importante mencionar que quien está atrás de todo esta desestabilización es don José Antonio Flores López, quien fue destituido por el ex Consejo de Administracion que presidía el profesor Felix Carlos López Martínez, el 13 de junio de 2022, como una consecuencia de los malos manejos que venía realizando de los dineros de la Caja Popular, tal y como lo demostró la auditoría que realizó el contador Martín Santiago Islas Cruz y que hoy, ese documento es una de las pruebas contundentes que obran en poder del ministerio público para deslindar responsabilidades.
Es importante mencionar que los poderes notariales, se expiden para acreditar la personalidad de quien o quienes representan a una persona moral o a una persona física ante las instancias legales, administrativas y financieras, pero las decisiones las toma por mayoría o por unanimidad el consejo de administración y lo supervisa el consejo de vigilancia.
Es inexacto el señalamiento de que un apoderado o representante legal se pueda apropiar de algo que no le pertenece. Vender, donar, rentar o ceder un bien mueble o inmueble, transferir derechos y dominio que se tiene sobre una propiedad como en este caso de la cooperativa, solamente lo puede autorizar la asamblea general y nadie más.
En temas tan serios y delicados, lo correcto es presentar pruebas no solamente palabras, para darle credibilidad a una nota periodística y a una denuncia seria como la que hoy circula en redes sociales y se difundió en un noticiero radiofónico, de lo contrario se trata únicamente de un chisme de vecindad.
Hay algo muy importante y que no se dice en esa nota y es obvio, porque las personas que están manipulando esta información abusando de la inocencia o buena fe del periodista en mención son los mismos que ahora se rasgan las vestiduras, por ejemplo algo que no se dice es que la cuñada de Gerardo Suárez Cruz, la contadora Silvia “N” fue la tesorera de la caja popular de donde salieron en enero de este 2022, los 4 millones 800 mil pesos en efectivo para pagarle indebidamente a un abogado que había amenazado a don José Antonio Flores con denunciarlo penalmente y ante la CONDUCEF por no cumplir con el pago de los seguros de vida en 2020 y 2021 y es además la nuera del propio José Antonio Flores López.
No dicen que Abel Rolando Cancino Hernandez, es primo hermano de Yadira “N” quien fue la asistente del gerente general José Antonio Flores López, durante 19 años y era quien realmente tenía el poder y el control interno de las finanzas de la Cooperativa.
Tampoco dicen que Javier Méndez Suasnavar y José Jiménez Gómez, con más de 10 y 15 años de consejeros de administración, avalaron con su firma una serie de actas de acuerdos de reuniones ordinarias y extraordinarias donde aprobaron utilizar indebidamente más de 32 millones de pesos de la cooperativa para pagar seguros de vida por no haber contratado ese servicio como era su obligación con una aseguradora y por esa omisión causaron un daño económico millonario a la cooperativa y ahora pretenden generar confusión entre los socios para curarse en salud y tratar de escapar del brazo de la justicia que ya los citó a comparecer ante el Ministerio Público sin que argumentaran absolutamente nada en su defensa y el que calla otorga.
Es menester recordar que sobre los temas irregulares de los seguros de vida, fue precisamente en el noticiero de Edgar Rosales donde se dieron a conocer el año pasado.
Por lo que toca a la maestra Eva Solano Santiz, lamentablemente es una dama que ha sido utilizada por su cuñado José Jiménez Gómez, asesor de cabecera y consejero durante más de 15 años del destituido gerente general José Antonio Flores López, para que ocupe un espacio como directiva de la caja popular y la maestra Verónica Borrego Piñeiro, se encuentra en proceso de exclusión de la cooperativa por violar reiteradamente la ley general de sociedades cooperativas, las bases constitutivas de la Caja Popular y sus reglamentos.
Hoy aparece nuevamente hablando de fiestas cuando ella y su esposo Magin acudieron a la celebración del día del directivo que todos los años se realiza en la Caja Popular San Juan Bosco, por lo que no tiene nada de irregular que este año también se haya realizado.
En el caso del notario público que aparece en el video, está en todo su derecho de acudir a dar fe de cualquier reunión o asamblea a la que sea invitado, pero una cosa es la cortesía y otra muy diferente es la formalidad, la legalidad y la personalidad que debe reunir quien realiza trámites notariales y protocolizaciones como lo rige la ley del notariado público en Chiapas y si hay necesidad de combatir jurídicamente una controversia legal para validar o invalidar una acta de asamblea en su oportunidad lo decidirá el consejo de administración y ante un Juez, se hará valer lo que a derecho convenga.
Por ahora es lo que tenemos que informarles y pedirles que no hagamos el caldo gordo a quienes dañaron la caja popular y hoy con un reducido número de personas que ni siquiera acreditaron ser socios y mucho menos representantes, quieren validar lo ilegal, porque creen que nos estamos chupando el dedo y con chismes quieren desacreditar el trabajo responsable y transparente que hoy se viene realizando en las 16 sucursales de la Cooperativa, así como en oficinas generales, el archivo y el Coorpotativo.
Si algún socio en particular quiere que por correo certificado se le envíe las pruebas de las denuncias penales que está en curso con mucho gusto, cuidado eso si la discrecionalidad que exige la Fiscalía de Justicia del estado para no interferir en las investigaciones que se están llevando a cabo con total apego a derecho.
Por cierto es importante informarles que el Lic. Enoc Hernández Cruz, también es socio de la Caja Popular sucursal San Ramón y por lo tanto también tiene derechos y obligaciones como cualquier otro socio de la Cooperativa de poder participar activamente en las tareas que le sean encomendadas sin que eso sea un pecado o un delito.
Reciban de nuestra parte Saludos cordiales
Por el consejo de administración
Maestra Rosa López Moreno
Profesor Omar de Jesús Aguilar Ruiz
Ciudadana María de Jesús González Díaz
Contador Carlos Aguilar Meza
Por el consejo de vigilancia
Maestra María Josefina Villafuerte Pérez
ciudadana Juana Díaz Gutierrez.
