/ Locales: Diócesis de San Cristóbal de Las Casas/ Chiapas
“La obra de la justicia, será la paz,
y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre”
(Isaías 32,17)
1.- El 28 de noviembre pasado, el Consejo de Pastoral de esta diócesis advertía la grave situación provocada por el desplazamiento de miles de personas, agredidas por grupos armados ilegales que habían quemado viviendas, robado pertenencias y aterrorizado a la población con disparos de día y de noche, por la disputa limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó, con violación masiva de derechos humanos, con riesgos para la salud y la vida de las personas desplazadas, creando una grave emergencia humanitaria. El Consejo Diocesano reclamaba la relativa acción de las autoridades y la impunidad de los violentos. Expresaba la petición a las autoridades federales, estatales y municipales que garantizaran la seguridad de quienes llevaban la ayuda humanitaria a los desplazados, que se abocaran a la solución profunda de las causas, y a no dejar impunes los múltiples delitos que hasta entonces se habían cometido.
2.- Anta la prolongación y agravamiento del conflicto, las once parroquias de la zona tsotsil emitieron un comunicado, anteayer, en que denunciaban la amenaza explícita hecha por la asamblea de agentes municipales y comisariados de Chenalhó, convocados por la presidenta municipal, el 5 de diciembre, como consta en un documento firmado y sellado que dice: “En caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita la resolución definitiva a favor del municipio de Chenalhó, se llevarán a cabo medidas drásticas en contra de los comuneros del municipio de Chalchihuitan, hasta recuperar las tierras que ancestralmente pertenecen al municipio de Chenalhó”. Este párrafo se eliminó, posteriormente, para proteger a la autoridad local, pero el pacto es auténtico.
Hemos sabido también que los grupos armados exigían a pobladores del municipio de Chenalhó a colaborar en la vigilancia.
Las parroquias denunciaban que el grupo armado había puesto impunemente en estado de sitio al municipio de Chalchihuitan, y no entendían por qué las autoridades estatales y federales lo habían permitido. También hacían notar que “se da de hecho un estado de excepción, en el que se niegan los derechos fundamentales y las garantías individuales a los habitantes de comunidades de Chalchihuitán y algunas de Chenalhó, y no se perciben pasos eficaces para establecer el estado de derecho mínimo en favor de esa población mexicana”. Y agregaban: “Todo esto hace evidente que urge una solución de fondo e integral al conflicto… que, sin desconocer la dimensión jurídica, la incorpore en un contexto más amplio que tome en cuenta los factores culturales, sociales e históricos”.
3.- Ahora, ante la comunicación a las partes del fallo del Tribunal Unitario Agrario, que tuvo lugar ayer, 13 de diciembre, invalidando el deslinde anterior, que la misma Secretaría de la Reforma Agraria había hecho hace 45 años, y ordenando a la SEDATU a realizar un nuevo deslinde, afirmamos que este hecho es un despojo de las hectáreas que el mismo gobierno había dotado legalmente a Chalchihuitán. Quienes habitaron esas tierras, no eran invasores, sino campesinos pobres que poseyeron de buena fe lo que se les entregó con documentos de una resolución presidencial.
Recordamos que, desde 2010, una comisión interdisciplinar indicaba: “Dado el estado actual de conflictividad social entre ambas comunidades, consideramos que ninguna resolución jurídica será socialmente sostenible, sino al contrario, puede terminar fortaleciendo los factores estructurales de tensión, cualquiera que fuera la resolución de los tribunales”. Esto no se tuvo en cuenta.
Los agentes de pastoral de la diócesis, reunidos en nuestro encuentro anual, presididos por don Felipe Arizmendi Esquivel, estamos desconcertados y preocupados ante la resolución hecha por el Tribunal Agrario, así como por la gravedad de la situación. Se dio un fallo en favor del municipio de Chenalhó, sin que mediara un diálogo previo y un proceso necesario e indispensable para resolver un conflicto tan profundo e histórico entre las dos partes. Se da con la oferta de una compensación a Chalchihuitán en dinero y vivienda del todo insuficiente, pues ahora los desplazados son despojados, sin acceso a la tierra.
Nos preocupa sobremanera descubrir que la resolución del Tribunal está fechada el 6 de noviembre de 2017, y las autoridades la dan a conocer hasta el día 13 de diciembre de 2017, mediando más de un mes en el que la población desplazada ha sufrido miedo, frío, hambre, hostigamiento, enfermedades, daño psicológico y hasta la muerte de varios infantes y adultos. Consideramos que las autoridades gubernamentales deben dar una explicación a la sociedad sobre el motivo por el que se aplazó la comunicación del resolutivo del Tribunal Agrario. Fue un tiempo en que los grupos armados ilegales sometieron a la población de Chalchihuitán y de Chenalhó a los sufrimientos ya descritos. Cualquiera que sea la razón, el hecho lo consideramos totalmente reprobable, ilegítimo e inhumano.
En esta etapa del conflicto, no se ha hecho el menor intento de escuchar a la población; por el contrario, se ha dado una solución impuesta a nivel exclusivamente de autoridades, lo cual hace muy frágil el fallo y no resuelve las divisiones.
El imprudente y cuestionable fallo se dio en favor quien ha ejercido más violencia, del que ha gozado de impunidad, del que había hecho amenaza pública, de quien provocaba el desplazamiento forzado de tan numerosas familias, de quien usa armas ilegales, de quien ahora aparece como responsable de la muerte de varias personas.
Al no haber construido una solución con la participación de los pueblos implicados, al tener en una situación de sometimiento por medios violentos a una de las partes, al no haber creado condiciones de diálogo y buscar una solución consensuada a partir de la cultura, de las necesidades, de las alternativas posibles, en que no resultara una parte ganadora y la otra derrotada y despojada, se hace muy cuestionable y perturbadora la aplicación del resolutivo del Tribunal, aunque sea “legal”.
Tememos que continúe la violencia. Tememos que los despojados de sus tierras no sean resarcidos integralmente, puesto que se les priva de su medio fundamental de subsistencia. Tememos que se aleje cada vez más la posibilidad de una paz basada en la justicia. Tememos que sea muy difícil, por no decir casi imposible, restaurar las relaciones armónicas entre los pueblos.
Urgimos a la autoridad federal, la causante de esta falta de conocimiento de la realidad histórica y cultural de estos pueblos, que se aboque a dotar a los despojados de condiciones de una vida digna, de buscar la forma de dotarles de tierra en algún lugar, de construirles casas adecuadas, de procurar su salud y su sostenimiento, pues se quedaron sin nada, sin casa y sin medios de subsistencia. Esto es lo mínimo en justicia y en humanidad. En vez de gastar tanto en campañas electorales, que demuestren su amor al pueblo haciendo lo más posible por proteger a estos hermanos.
Como cristianos, ante el dolor de los pueblos, vemos la urgencia de abrir un espacio a la esperanza y al diálogo; esto será una contribución a la paz tan deseada para los dos pueblos. Por nuestra parte, seguiremos impulsando la solidaridad con los despojados, y compartiendo con ellos la Palabra de Dios, que nos invita a construir la paz, siempre en base a la justicia y el respeto a los derechos de los demás.
Por los agentes de pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas,
Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel
Pbro. Luis Manuel López Alfaro
Hna. María del Refugio Esparza, MIF
Hna. María Isabel Hernández, O.P.
Pbro. Juan Manuel Hurtado López
Pbro. Víctor Manuel Pérez Hernández
Pbro. Marcelo Pérez Pérez
Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, O.P.
