Carlos Salazar_Corresponsal
Jiquipilas.- Un camión de reparto de gas fue asaltado el pasado fin de semana a la hora que circulaba sobre el tramo de la autopista Coita – Arria a la altura del túnel denominado La Mica.
Los ocupantes de la unidad de la empresa Gas Com, Amauri Wilson Ocaña Esponda de 37 años de edad y Cruz Germán Gallegos Trinidad de 34, ambos originarios de Cintalapa, quienes relataron a los uniformados lo que les había pasado.
Indicaron que a la hora que subían ya el cerro, a la altura del citado túnel, se les emparejo un coche rojo en el cual los ocupantes los amenazaron con armas de fuego, obligándolos a bajar la velocidad para que los presuntos delincuentes, se hicieran cargo de la unidad de reparto.
Luego indicaron, que los despojaron del camión y como pudieron caminaron hasta el ejido Tierra y Libertad, donde solicitaron el apoyo de las autoridades ejidales.
Estos a la vez, solicitaron el apoyo de la policía estatal preventiva, quienes a la vez localizaron el camión de reparto de gas sobre el tramo de la vía libre Rancho Bonito – Arriaga en donde estaba la pipa marca kenworth color amarillo con blanco, placas de circulación DA39707.
A la unidad le lograron abrir la caja fuerte para sacar el efectivo que había dentro, y por último se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
Al confirmar que los empleados de la empresa referida no habían sido heridos, se procedió a informar al personal pericial dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se trasladara al lugar a dar fe de lo sucedido, pero como el vehículo fue conducido entre el monte, una manguera del gas que aún tenía la pipa se dañó, y para evitar una desgracia, la pesada unidad fue trasladada a la planta en Cintalapa para su reparación inmediata.
Cabe mencionar que los tripulantes de la pipa no dijeron cuánto dinero había en la caja fuerte, por lo que una vez que el arqueo se realizara, se sabría la cantidad de efectivo que los hampones se llevaron.
Por lo sucedido, se supone que el apoderado legal de empresa afectada presentó una denuncia ante la fiscalía del ministerio público en contra de quienes resulten responsables del delito de robo ejecutado con violencia para que esa instancia pueda proceder en consecuencia.